Por Sin Reservas
Tras el allanamiento en la residencia del exadministrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), Julio César Correa., la Procuraduría General de la República (PGR) inofrmó que investiga a exfuncionarios porque operaban distintas redes de corrupción.
El Ministerio Público, dijo que prosigue con sus investigaciones simultáneas de múltiples casos de corrupción administrativa, «vinculados entre sí por la participación de exfuncionarios que operaban al mismo tiempo en distintas redes del crimen organizado dedicadas a estafar al Estado y, por ende, a todos los contribuyentes».
Se dijo que el caso del allamiento guarda relación con el preso Juan Alexis Medina Sánchez, cabecilla del caso «Operación AntiPulpo».
Añade la Procuraduría, que sus órganos investigativos han encontrado que en varios casos existen fuertes vínculos entre las distintas redes de corrupción, las cuales busca desarticular.
La institución apeló al buen entendimiento de los medios informativos y de los ciudadanos interesados en conocer mayores detalles, debido a que, siguiendo los límites procesales, abundará más adelante sobre las investigaciones que realiza.
Recordó que sus diligencias deben ser protegidas para lograr la estructuración de expedientes robustos que puedan facilitar el trabajo de los jueces y lograr el objetivo ciudadano de castigar la corrupción administrativa.
Como lo establece el artículo 290 del Código Procesal Penal: «El procedimiento preparatorio no es público para los terceros. Las actuaciones sólo pueden ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes», explicó la Procuraduría General de la República en un comunicado.
Enfatizó que trabaja sin descanso en los procesos de investigación para recuperar los bienes sustraídos al Estado y procesar a los responsables de operar en redes de corrupción que se formaron para distraer el patrimonio estatal, mediante modalidades criminales como estafa, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos y lavado de activos.
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